PROHIBICIÓN DE PRODUCTOS PROCEDENTES DEL TRABAJO FORZOSO EN EL MERCADO DE LA UNIÓN

Autor: Suderow Fernandez Abogadas SLP

El artículo 2 del Convenio nº 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso, de 1930, define el trabajo forzoso como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente».

Para abordar la cuestión del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales, el 14 de septiembre de 2022, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa (COM (2022) 453) en forma de reglamento que prohibiría los productos fabricados con trabajo forzoso en el mercado de la UE. Ante una cifra estimada de 27,6 millones de personas afectadas por el trabajo forzoso a escala internacional, la propuesta de septiembre de 2022 se refería tanto a los productos fabricados en la UE para el consumo nacional y/o la exportación, como a los bienes importados, abarcando todos los sectores.

Ahora, el 13 de marzo de 2024, el Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre nuevas normas que prohíben que los productos fabricados con trabajo forzoso se introduzcan o comercialicen en el mercado de la Unión Europea o que se exporten desde el mercado de la Unión productos fabricados con trabajo forzoso.

Según la propuesta legislativa, la «diligencia debida en relación con el trabajo forzoso» se refiere a los esfuerzos de los agentes económicos por aplicar requisitos obligatorios, directrices voluntarias, recomendaciones o prácticas para identificar, prevenir, mitigar o poner fin a la utilización de trabajo forzoso en relación con productos que vayan a comercializarse en el mercado de la Unión o a exportarse.

Para apoyar el trabajo de la Comisión y de las autoridades nacionales competentes, y siguiendo las mejores prácticas internacionales, a la hora de evaluar posibles infracciones del Reglamento, la propuesta introduce la creación de una base de datos de áreas o productos de riesgo de trabajo forzoso que contendrá información verificable y actualizada, incluidos informes de organizaciones internacionales. Además, la Comisión creará y actualizará periódicamente un sitio web único sobre trabajo forzoso a disposición del público que contendrá, entre otras cosas, la lista y los contactos de las autoridades nacionales competentes designadas; las directrices para los agentes económicos, las autoridades competentes y los Estados miembros previstas en el artículo 11 de la propuesta; la base de datos mencionada; una lista de fuentes de información a disposición del público que sean pertinentes para la aplicación del Reglamento; y cualquier decisión de prohibir un producto o de retirar una prohibición.

El reglamento propuesto establece un enfoque basado en el riesgo que seguirán las autoridades competentes para evaluar la probabilidad de que los operadores económicos coloquen, pongan a disposición o exporten productos fabricados con trabajo forzoso. En caso de sospecha fundada de violación del Reglamento, las autoridades competentes decidirán iniciar una investigación sobre los productos y los operadores económicos afectados. En cuanto a la autoridad competente para llevar a cabo la investigación, la Comisión Europea dirigirá las investigaciones fuera del territorio de la UE, y las autoridades nacionales designadas dirigirán las investigaciones cuando los riesgos se detecten en el territorio de un Estado miembro (artículo 15 de la propuesta).

La decisión final de prohibir, retirar y eliminar un producto fabricado con trabajo forzoso será adoptada por la autoridad que haya dirigido la investigación, y será reconocida y aplicada por las autoridades competentes de otros Estados miembros en la medida en que se refieran a productos con la misma identificación y procedentes de la misma cadena de suministro en los que se haya detectado trabajo forzoso.

El acuerdo provisional alcanzado con el Parlamento Europeo debe ahora ser refrendado y adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea. A este respecto, se ha previsto una fecha indicativa de sesión plenaria para el 22 de abril de 2024.

 

Escrito por Laura San José